jueves, 29 de octubre de 2015

VI Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización

El día 27 de octubre del presente año, se realizó la inauguración de la VI Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización a cargo del Diputado Luis Maldonado Venegas, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del Senador. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, el Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública y el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, ante los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), las Contralorías Estatales y las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL) miembros del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

El programa dio inicio con la presentación de la Ponencia “Informantes y otros medios de denuncia” a cargo del panel de expositores conformado por el Dr. David Banisar, Asesor Jurídico de la SFP, Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, MSc. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico de la ASF; el objetivo de esta propuesta es la de incorporar legalmente la figura del informante como un medio de denuncia y que considera a empleados formales u otros que laboren en una institución, así como los ex empleados, quienes, en aras de mejorar los procesos de la administración pública, deciden presentar una denuncia ante las autoridades competentes, a través del SNF.

La segunda presentación fue: “Expectativas respecto al Sistema Nacional de Fiscalización y al Sistema Nacional Anticorrupción”, presentada por el panel de expositores conformado por el Dr. Guillermo M. Cejudo, Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Mtro. Marco Cancino, Director General de Inteligencia Pública, el Dr. Miguel Ángel Valverde Loya, Profesor-Investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

El MSc. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico de la ASF y el Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila presentaron los Documentos Generados por el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, destacando la Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Fiscalización, que constituye una herramienta tecnológica de transparencia que permitirá la consulta, utilización, reproducción y almacenamiento de datos correspondientes a los perfiles y labores de los órganos de auditoría gubernamental integrantes del SNF, en la primera fase considerará la publicación de información general de los integrantes del SNF, así como el mapeo para la fiscalización de recursos que se emitirá en el marco del propio SNF.
El objetivo de la plataforma virtual es generar un puente de información entre los integrantes del SNF y la sociedad en general, desde académicos, organizaciones civiles hasta aquellos grupos organizados de ciudadanos o bien en lo individual, quienes participan como vigilantes del buen uso de los recursos públicos. Esta plataforma será un medio para  homologar la información del trabajo de todas las entidades de auditoría gubernamental en el país.

La administración, actualización y alojamiento web (hosting del sitio) serán responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, en calidad de presidencia conjunta del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. En general, todos los órganos de auditoría gubernamental tendrán la responsabilidad de alimentar la plataforma. El Comité Rector del SNF analizará y señalará, en su caso, las responsabilidades específicas de las EFSL, Órganos Internos y Estatales de Control.

Continuando con el programa, los grupos de trabajo del SNF presentaron avances; la primera Presentación del Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales estuvo a cargo del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF y del Lic. Jason Eleazar Canales García, Secretario de la Contraloría del Estado de Durango, quienes destacaron los avances de este 2015 y la expectativa para el 2016; en el presente se logró la divulgación de la relevancia de las Normas Profesionales de Auditoría del SNF, la actualización de estas normas, entre otros.

El grupo de trabajo Jurídico Consultivo conformado por el Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, el Mtro. Javier Vargas Zempoaltécatl, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, presentaron la iniciativa del PAN donde propone la Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción que incluye entre sus elementos, la creación de un comité coordinador del sistema, un comité de participación ciudadana, la plataforma digital del SNA y el servicio profesional de carrera; asimismo presentaron la iniciativa del PRD que incluye un sistema ciudadanizado, políticas de combate a la corrupción y protección de denunciantes y testigos.

El grupo de trabajo sobre Contabilidad Gubernamental conformado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila y el C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán, presentaron los avances en la estrategia y creación de capacidades para los responsables de observar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por medio del Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental el cual dio inicio en el mes de octubre de 2015 y están participando en la primera edición 6,214 funcionarios públicos de 26 Entidades Federativas y que tendrá una duración de 14 semanas.

El siguiente grupo de trabajo en participar fue el de Control Interno, conformado por el C.P. Fernando Cervantes Flores, Auditor Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control de la ASF y el C.P. Alejandro Valencia López, Titular de la Unidad de Control de la Gestión Pública de la SFP, que tiene como objetivo generar una estrategia para homologar la normativa en materia de control interno, aplicable a los tres órdenes de gobierno e identificar los cambios legales, estructurales y normativos que permitan fortalecer a los Órganos Internos de Control y sus líneas de acción:

Estrategia
Actividad
1. Adoptar y adaptar el Marco Integrado de Control Interno (MICI) Analizar e incorporar al Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, los elementos del MICI que tengan las condiciones de viabilidad práctica y normativa.
Promover en la CPCE-F y en la ASOFIS la adopción y adaptación del MICI en la Administración Pública Estatal y Municipal.
2. Promover el control interno y los esquemas de integridad Promover y orientar a los responsables de evaluar el control interno, en el uso de las metodologías para su aplicación en Estados y Municipios.
Promover la Difusión y Sensibilización en materia de Control Interno, Administración de Riesgos e Integridad.
3. Capacitar en materia de evaluación del Control Interno, Administración de Riesgos e Integridad Formalizar programas de capacitación en temas de Control Interno, Administración de Riesgos e Integridad en la Administración Pública Estatal y Municipal.


Los Resultados esperados son:
1. Promover el Marco Integrado de Control en los 32 Estados y Municipios.
2. Homologar los criterios en los tres órdenes para la evaluación de control interno institucional.
3. Sensibilizar a los Titulares de dependencias y entidades a nivel estatal y municipal en materia de control.
4. Formar recursos humanos especializados para impartir y promover la capacitación en materia de control interno, de acuerdo con las necesidades específicas de las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
5. En su caso, instrumentar a nivel estatal y municipal la aplicación de la Metodología utilizada por la ASF, para la Evaluación de los Sistemas de Control Interno, Administración de Riesgos e Integridad, con la asesoría correspondiente.

La última presentación del día fue la del Grupo de Trabajo sobre Participación Social en la Vigilancia del Gasto Público conformado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF y la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, quienes presentaron la estrategia de incorporación de las figuras de participación social en la vigilancia del gasto público.

La consideración de esta materia en el SNF se justifica por la exigencia generalizada de la sociedad de elevar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la aplicación del gasto público, de manera que se incremente su impacto en la atención de las necesidades sociales y se fortalezca la confianza de la sociedad en las instituciones. La participación social en la vigilancia del gasto público es un elemento fundamental para coadyuvar al cumplimiento de esa demanda. La participación social por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, aspecto que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia; los beneficios adicionales de esa participación son indudables, como es la construcción de ciudadanía.

En el ámbito de la fiscalización, la participación organizada de los beneficiarios de las obras y acciones puede constituirse en un valioso coadyuvante de esta actividad.

Cabe mencionar por ejemplo que, en el caso del gasto federalizado, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) se realizan anualmente entre 80 mil y 100 mil obras y acciones; en materia de salud se financia la operación de más de 9 mil unidades médicas (12 mil unidades si se incluyen las caravanas de salud) y alrededor de 90 mil médicos; en educación básica existen más de 164 mil centros de trabajo y 1.8 millones de plazas de trabajadores que se financian con el FAEB; asimismo, diariamente son entregados 5.3 millones de desayunos escolares.

Con el apoyo de recursos federales en 2015 existen 9,792 lecherías de Liconsa, 27,000 tiendas comunitarias Diconsa y 300 unidades móviles del Programa de Abasto Rural; en el lapso de agosto de 2014 - septiembre de 2015, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias aprobó aproximadamente 212,000 acciones para atender rezagos asociados a la carencia de servicios básicos en las viviendas (energía eléctrica, suministro de agua, drenaje, baños y estufas ecológicas, entre otras); en ese mismo periodo, en el marco de la Cruzada contra el Hambre se realizaron 52,000 pisos firmes y 135,000 techos.

Estas cifras dimensionan el reto que tienen los órganos de fiscalización y auditoría, para lograr la revisión puntual y exhaustiva de los programas públicos, sus obras y acciones. Se considera que los mejores vigilantes de la adecuada realización de las obras y acciones financiadas con recursos públicos son sus beneficiarios, no sólo por el interés legítimo de que se lleven a cabo correctamente, sino también por su contacto cotidiano con las mismas y con su proceso de ejecución, ya que potencian la acción de vigilancia y seguimiento.

En este contexto, el Comité Rector determinó como producto a presentarse en la VI Reunión Plenaria del SNF, una estrategia de incorporación de las figuras de participación social en la vigilancia del gasto público. Para ello, se formuló un documento que contiene una propuesta en ese sentido; en esta presentación señalamos de manera resumida los aspectos fundamentales de la misma.

Se propone una estrategia integral en su diseño, independientemente de que algunos de sus elementos se desarrollen y consoliden en un mediano plazo. La formulación de un planteamiento integral en materia de participación social es conveniente, a efecto de disponer de un referente que conduzca tanto las acciones que tienen una perspectiva de concreción en el mediano plazo, como las de carácter inmediato o de corto plazo.

Los componentes sustantivos de la estrategia propuesta son los siguientes:
a) Disponibilidad de un marco jurídico y normativo suficiente para la participación social en la vigilancia del gasto público.
b) Existencia y operación efectiva de las figuras vigentes de participación social, así como apoyo para el desarrollo de sus capacidades.
c) Entrega a las figuras de participación social de la información sobre los programas públicos, sus obras y acciones, a efecto de hacer viable ese proceso participativo.
d) Existencia de mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de las figuras de participación social y atención de las mismas; estos mecanismos serían externos a los que dispongan los propios ejecutores de los recursos.
e) Seguimiento y evaluación de la estrategia.
f) Una adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno.

La estrategia propone que, en el corto plazo,  se eficiente el esquema de la Contraloría Social que coordina la SFP en los programas en que actualmente está presente, así como el funcionamiento de las principales figuras participativas que actualmente existen en el gasto federalizado, a saber, Consejos Escolares de Participación Social, Avales Ciudadanos, Comités de Obra del FISM, Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y Comités de Desayunos Escolares del DIF. En un plazo posterior, se ampliarían los esquemas de vigilancia del gasto público a otros fondos y programas.
Con esos esquemas de vigilancia social se estaría cubriendo, con cifras de 2014, un importe de 624 miles de millones de pesos, que en ese año significó el 66% del gasto federal más susceptible de vigilancia social.

Las conclusiones y la clausura estuvieron a cargo del Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla y el C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa.